Claves
- El Juzgado Federal de Rosario N° 3 procesó este jueves al empresario rosarino Leandro David “Lelo” Pérez por el delito de lavado de activos de origen delictivo derivado del narcotráfico.
- En la causa también están implicados su hijo Agustín, su socio Marcelo Malatesta y el expolicía Maximiliano Novillo.
- El empresario, que tuvo su tiempo de fama por ser novio de la vedette Victoria Xipolitakis, había sido detenido el pasado 30 de julio en su domicilio de la Torre Aqualina del barrio Martín.
El Juzgado Federal de Rosario N° 3 procesó este jueves al empresario rosarino Leandro David “Lelo” Pérez por el delito de lavado de activos de origen delictivo derivado del narcotráfico. En la causa también están implicados su hijo Agustín, su socio Marcelo Malatesta y el expolicía Maximiliano Novillo. El empresario, que tuvo su tiempo de fama por ser novio de la vedette Victoria Xipolitakis, había sido detenido el pasado 30 de julio en su domicilio de la Torre Aqualina del barrio Martín.
Fue liberado el 12 de agosto tras el llamado a declaración indagatoria por lavado de activos. En aquel momento el defensor de Pérez aseguró que no habría "ningún indicio grave ni concordante" sobre un vínculo con la comercialización de estupefacientes. El procesamiento se dictaminó tras una investigación que reconstruyó distintas operaciones que habrían sido utilizadas para introducir dinero de origen ilícito en el circuito económico formal.
Entre las maniobras bajo análisis aparecen la adquisición de vehículos de alta gama, operaciones inmobiliarias, la construcción y comercialización de departamentos y la compra de dólares y propiedades. >>Leer más: Del Porsche al barco: qué bienes de Luis Herrera salen a remate este viernes en Rosario Según la resolución, Pérez habría canalizado y administrado desde 2017 fondos ilícitos para desarrollar distintos emprendimientos y adquirir bienes de lujo.
Entre ellos se encuentra una camioneta Ford Ranger obtenida en 2025 así como camionetas RAM y Toyota Hilux. Además se lo acusa de la construcción y venta de departamentos en el Edificio Nélida 1 en Rosario. El valor de solo uno de estos departamentos equivale a 1.465 salarios mínimos. La situación de Pérez adquiere además una particular relevancia dentro de la investigación debido a que cuenta con un antecedente: en 2023 había sido condenado por lavado de activos por la Justicia provincial.
En las operaciones vinculadas al emprendimiento inmobiliario también aparece Marcelo Eduardo Malatesta, señalado como socio de Pérez en las empresas Araca Corazón SRL, Palabra Santa SRL y Transporte Overland SRL. La resolución indica que Malatesta actuó como fiduciario del Fideicomiso Nélida 1 y participó en la adquisición de terrenos y vehículos.
Según los elementos reunidos, Arca y la Fiscalía detectaron inconsistencias fiscales y una insuficiencia patrimonial en la sociedad para justificar el volumen de adquisiciones de vehículos de alta gama. Por su parte, al abogado penalista e hijo de Pérez, Agustín Leandro Pérez, se le atribuye una participación activa en la gestión y comercialización de los departamentos del Edificio Nélida 1.
Su número telefónico, según consta en la causa, figuraba en los carteles de la obra y se registraron comunicaciones en las que habría cotizado unidades por hasta 320.000 dólares. Además, contaba con un poder general de administración otorgado por su padre y habría emitido sucesivas facturas en concepto de honorarios a favor de Transporte Overland SRL. El cuarto procesado es Maximiliano Emanuel Novillo, exsubinspector de la Policía de Santa Fe.
El efectivo fue destituido en octubre de 2023 luego de una investigación por incremento patrimonial injustificado. De acuerdo con la resolución federal, Novillo habría utilizado dinero proveniente del narcotráfico para adquirir una propiedad en Pérez y realizar operaciones con vehículos de alta gama, entre ellos un Hyundai Genesis Coupe, un Mini Cooper y un Honda Civic.
La investigación también detectó, según el juzgado, la adquisición de dólares y una serie de viajes al exterior, con destinos como Brasil, Colombia, Perú y Emiratos Árabes Unidos. En su caso, el procesamiento contempla además una agravante vinculada con su condición de funcionario público, debido a que era integrante de la Policía de Santa Fe al momento de los hechos investigados.
